DECRETO LEGISLATIVO 444 DEL 2020

Docentes de la U. de Caldas emitieron concepto jurídico sobre decreto

expedido por el Gobierno Nacional durante el estado de emergencia

30/04/2020

 

Los docentes del Departamento de Jurídicas de la Universidad de Caldas, Milton César Jiménez Ramírez, Paulo Bernardo Arboleda Ramírez y Gustavo Restrepo Pérez, intervinieron en el juicio de constitucionalidad que adelanta la Corte Constitucional al Decreto Legislativo 444 del 2020, expedido por el Gobierno Nacional, por el cual se creó el Fondo de Mitigación de Emergencias- FOME- y se dictan disposiciones en materia de recursos, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.

El docente Milton César Jiménez explicó que dicha intervención la realizaron con el propósito de participar de la deliberación propia del juicio de constitucionalidad al decreto legislativo, además de esgrimir argumentos en defensa de la constitución, particularmente de la disposición racional y normativa de los recursos de pensiones (FONPET) y de regalías. Si bien la crisis legitima múltiples medidas para conjurar la crisis, todas esas medidas deben cumplir con un juicio de racionalidad y proporcionalidad constitucional.

“La intervención se centró en varios aspectos: el primero, en reconocer que la propia constitución dota al Presidente de la República de amplias facultades para dirigir la economía, así como para adoptar medidas integrales dirigidas a superar los efectos de la pandemia; el segundo, tiene que ver con la falta de coherencia entre los argumentos que esgrime el Gobierno en los considerandos del decreto, es decir, en los motivos que utiliza para justificar el uso de los recursos de pensiones y regalías, y las medidas que termina adoptando en la parte resolutiva, las cuales dotan al  Ministerio de Hacienda de enormes y discrecionales potestades,” explicó Jiménez.

Otras de las apreciaciones realizadas por los docentes están relacionadas con la necesidad de establecer protocolos para garantizar la rendición de cuentas del Gobierno y el Ministerio de Hacienda, especialmente para mostrar el impacto del uso de los recursos y sus resultados. También para facilitar el control institucional, político y social de los ciudadanos y los organismos especializados de control. Así mismo, se abogó para que la Corte Constitucional revise si el uso de los recursos de pensiones y regalías constituye una última ratio o posibilidad extrema de actuación para el Gobierno, ya que si existían otras opciones dentro de la hacienda pública ordinaria o dentro del estado de excepción, la medida debería ser cuestionada en su constitucionalidad.

Finalmente, el concepto se centra en la posibilidad de utilizar los recursos en el marco de la crisis sanitaria, pero manteniendo una prioridad sobre los sectores sociales más débiles y en la búsqueda de la satisfacción de las necesidades básicas insatisfechas de la población, tal como lo contempla originalmente la constitución.

El concepto fue impulsado por el grupo de investigación Poderes Públicos y la Clínica Socio jurídica de Interés Público, a través de sus líneas de asuntos constitucionales y de apoyo al desarrollo institucional.  El concepto registrado ante la Corte Constitucional puede consultarse aquí: https://bit.ly/2Ylx37m

 

Informes: Oficina de Comunicaciones y Prensa Universidad de Caldas.

Redacción: Daniela Sánchez Ríos