Desde la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, se socializa a la comunidad un tema tan importante como lo es la transparencia y la administración pública. En el ámbito universitario, la política de transparencia se enmarca dentro del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), en la política 15 del modelo. Esta política busca prevenir y detectar riesgos en los procesos administrativos y misionales de la institución, garantizando que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a acceder a la información pública de manera adecuada, veraz, oportuna y gratuita.

El instrumento a través del cual se implementa esta política es el Programa de Transparencia y Ética Pública, que facilita el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y refuerza los valores éticos y de transparencia dentro de la Universidad.

La transparencia en la gestión pública no es un fin en sí mismo, sino un medio fundamental para hacer más eficiente la administración del Estado y garantizar que los ciudadanos estén informados de manera clara y oportuna sobre las actuaciones de sus servidores públicos. A través de principios como el comportamiento íntegro de los funcionarios, la rendición de cuentas constante y el acceso a la información, la transparencia se convierte en un pilar esencial para el fortalecimiento de la democracia.

El derecho de acceso a la información pública es un derecho fundamental que obliga a los Estados a proporcionar a los ciudadanos acceso a la información bajo su poder. Esto incluye el derecho de cualquier persona a buscar, solicitar, recibir y divulgar información que se encuentre en manos de organismos, entidades y funcionarios del Estado. En Colombia, este derecho se encuentra regulado por la Ley 1712 de 2014, conocida como la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual establece procedimientos claros para garantizar el acceso a la información, así como las excepciones a la publicidad de ciertos datos.

Para las instituciones públicas, la transparencia no solo es una obligación legal, sino una herramienta clave para mejorar la participación democrática, controlar la gestión del gobierno y combatir la corrupción. Permite a los ciudadanos empoderarse, acceder a información confiable y ejercer otros derechos fundamentales. Para el Estado, la cultura de la transparencia fomenta una gestión ética de los funcionarios públicos y fortalece la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.

Por su parte, los ciudadanos se benefician directamente de la transparencia, ya que pueden disponer de información clara y oportuna, lo que les permite incidir en la toma de decisiones del gobierno, ejercer control social sobre sus actuaciones y tomar decisiones informadas en su vida cotidiana.